La ley del silencio parece ser que es la que opera entre los sindicatos mayoritarios, a pesar de tener mas de 4 millones de parados y ver muy muy lejos una remontada de dichas cifras.

 Y es que, los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO. han celebrado un 1º mayo siciliano. Con la “omertá” (ley del silencio) por bandera. Tenemos la peor cifra de paro de la historia, nunca ningún gobierno destruyó tanto y tan rápido empleo, pero los sindicatos siguen en silencio. Por supuesto si en La Moncloa se sentase un presidente del PP, el 1º de Mayo hubiera sido una jornada de lucha y los sindicatos ya habrían montado una huelga general. 

 ZP ha comprado su silencio, lo ha pagado con un dinero que en vez de  llegar los bolsillos de los sindicalistas, bien podría haber ido a parar a respaldar la protección social de los parados. Desde 2006 las aportaciones públicas a los sindicatos acumulan un crecimiento del 50%, alcanzando en 2008 la subvención recibida por CCOO a ocho millones de euros, y la de UGT, a 7,8 millones. Llama aún más la atención que ya en medio de la crisis, el aumento sea del 11% en el caso de UGT, y del 10% en el de CCOO, algo que en absoluto se corresponde con la inflación y que, en todo caso, es incompatible con la austeridad exigible en estas circunstancias. Y eso sólo en subvenciones del Ministerio de Trabajo, por no hablar de la llamada devolución del patrimonio sindical, que ha consistido en quitar al pueblo cientos de millones para dárselos a UGT, principalmente, la última partida de noviembre de 2006 ascendió a más de 155 millones de euros.

El prestigioso diario británico denuncia las posturas insolidarias tanto de sindicatos como de la patronal, que ignoran el bien común, y la incapacidad del gobierno para llegar a un pacto social. “Obviamente, hay algo que falla en el mercado laboral español, pero los patrones, los sindicatos y el Gobierno no pueden ponerse de acuerdo sobre la naturaleza del problema, y menos aún de su solución”.

Todo esto son capaces de verlo en UK y el periodico, Financial Times se atreve a romper con las consignas de la izquierda española,  y para sonrojo de los sindicatos recuerda que “la España democrática heredó del régimen de Franco un alto nivel de protección para los empleados fijos”, pero que cuando creció la economía tras la transición y se introdujeron los contratos de empleo temporal, esa protección no se extendió a los trabajadores eventuales. “Eso hace que sea prohibitivamente costoso el despido de trabajadores fijos, ya que su indemnización puede alcanzar el salario de 45 días por año trabajado, y barato el de los temporales, que obtienen 8 días de paga”.